El Sistema Público de la I+D+i
El Sistema Público de la I+D+i
Aunque la conexión entre conocimiento científico y aplicaciones ha estado presente desde los orígenes de la política científica –como lo prueba la génesis del concepto «I+D» (investigación y desarrollo tecnológico), que se refleja en lo que se ha denominado políticas «para» y «por» la ciencia–, es, sobre todo a partir de las crisis que se manifestaron en la segunda mitad del siglo XX, tras el período expansivo de la posguerra, cuando se incrementa la preocupación por comprender e intentar promover la conexión entre los procesos de producción del conocimiento científico y su transformación en tecnología, con el consiguiente potencial de proyectarse en el ámbito de la economía a través de la innovación (tecnológica, esencialmente).
De estas preocupaciones han surgido modelos para analizar las funciones y procesos de I+D y, complementariamente, para poner en funcionamiento políticas de promoción y gestión de la ciencia y la tecnología: el lineal, el interactivo o cibernético, el sistémico, y se han buscado asimismo marcos interpretativos del proceso de transferencia (intercambio) de tecnología hacia o entre los actores implicados como, por ejemplo, el modelo de la triple hélice (la tercera misión de la universidad), la teoría del actor-red, la concepción del modo 2 de producción de conocimiento, o la medicina basada en la evidencia y la medicina traslacional, estos dos últimos relacionados con el campo de las ciencias de la salud.
Es importante subrayar que este proceso de evolución de los sistemas públicos de I+D ha estado integrado en diversos contextos sociopolíticos y en los últimos tiempos se ha visto enmarcado en una situación de profundos cambios sociales y económicos. Este nuevo contexto viene caracterizado por los siguientes factores: transición desde una sociedad fragmentada a una sociedad globalizada y transformación de una sociedad industrial en una de servicios, así como cambios apoyados en el uso intensivo, no exento de crecientes preocupaciones y críticas, de las tecnologías de la información y la comunicación. Sociólogos relevantes han tratado de explicar estos fenómenos con diversas definiciones como sociedad del riesgo (Ulrich Beck), sociedad de la información (Manuel Castells), sociedad líquida, modernidad líquida y fragilidad humana (Zygmunt Bauman).
Tales cambios globales de contexto se han visto acompañados, en el caso español, por actuaciones legislativas, decisiones políticas y dinámicas institucionales que han configurado un peculiar escenario en la I+D pública.
El artículo 149.1.15 de la Constitución Española atribuye a la Administración General del Estado (AGE) la competencia sobre el fomento y la coordinación general de la investigación científica y técnica, pero no especifica a quién corresponde la competencia sobre su ejecución.
La sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 90/1992 de 11 de junio, BOE de 15 de julio), sobre los recursos presentados por la Generalitat de Cataluña y por su parlamento en contra de la Ley 13/86 de 14 de abril de 1986, establece que existe una «concurrencia competencial» sobre esta política pública, de forma que tanto la administración del Estado como las autonómicas están legitimadas para crear o mantener centros de I+D y desarrollar sus instrumentos específicos, en ejercicio de sus competencias sobre el fomento de la investigación.
No debe olvidarse, además, que el Estado tiene la competencia de coordinación general, que también recuerda la citada sentencia.
Esta doctrina ha marcado una compleja ruta para el desarrollo del sistema público de I+D y la puesta en acción del modelo tradicional de organización adoptado en España basado en cuatro niveles de responsabilidad: un primer nivel, de planificación estratégica; un segundo nivel de programación, financiación y evaluación; un tercer nivel de ejecución, que corresponde fundamentalmente a las universidades y a los organismos públicos de investigación (OPIs); y un cuarto nivel de servicios técnicos especializados, con un mayor o menor componente de I+D.
La dinámica de los últimos treinta años ha llevado a poner en duda la simplicidad de este modelo organizativo. Los niveles de política y gestión se han multiplicado y diversificado por la actuación de los Gobiernos de las comunidades autónomas (CC. AA.) para pasar de un escenario centralizado a otro multipolar.
Los organismos ejecutores, especialmente los más potentes, han establecido sus propias estrategias en cuanto a la creación de infraestructuras y centros de investigación, y las CC. AA. han puesto en marcha diferentes tipos de iniciativas.
Las crecientes vinculaciones público–privadas han creado figuras híbridas tanto a nivel organizativo como funcional y, finalmente, las políticas de la Unión Europea (UE) han introducido un componente de transversalidad que influye sobre la(s) política(s) y condiciona las actividades de I+D.
La I+D pública se ha terminado configurando como un espacio heterogéneo y complejo, donde la necesaria cohesión y las interacciones para garantizar su eficacia, así como los esquemas de gobernanza, requieren planteamientos más sofisticados que los derivados de una simple organización en los cuatro niveles tradicionales.
